Cinco policías fueron imputados por la muerte de Franco Jara en Albardón: la Fiscalía reconstruyó una brutal golpiza y un presunto encubrimiento

El Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación contra cinco efectivos de la Policía de San Juan por la muerte del joven, ocurrida en la Comisaría 18va. Los acusan de haber ingresado ilegalmente a su vivienda, agredirlo violentamente y confeccionar actas contravencionales falsas para justificar el procedimiento. Un sexto policía recuperó la libertad por falta de pruebas en su contra.

La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida luego de un violento procedimiento policial en Albardón, tuvo un avance clave en Tribunales. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal imputó a cinco efectivos de la Unidad Coordinadora Departamental por distintos delitos, entre ellos homicidio agravado por la calidad funcional del autor.

La acusación fue presentada por el fiscal Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese, Agostina Ventimiglia y Victoria Ruiz. En representación de la familia de la víctima interviene como querellante el abogado Leonardo Miranda.

Al comienzo de la audiencia, la Fiscalía solicitó que el agente Matías Lucero recuperara la libertad, al considerar que hasta el momento no existen elementos suficientes para vincularlo con las agresiones, el ingreso ilegal a la vivienda o la presunta falsificación de documentación. De esta manera, la investigación quedó centrada en cinco uniformados.

Según la reconstrucción presentada por los fiscales, todo comenzó durante la noche del sábado 14 de noviembre, cuando un procedimiento policial derivó en el ingreso sin orden judicial a la vivienda de Jara, ubicada en el barrio Lozano, en Albardón.

La intervención habría surgido a partir de información informal aportada por un contraventor que había sido demorado minutos antes con un cigarrillo de marihuana.

Para la Fiscalía, cuatro efectivos ingresaron por la fuerza al domicilio, donde Franco se encontraba junto a su pareja y sus dos hijos menores. Allí habría comenzado una violenta agresión que incluyó golpes de puño y patadas, mientras los policías le exigían que entregara estupefacientes.

Los uniformados señalados por esa primera agresión son Arnaldo Salazar, Juan Ignacio Recio, Félix Nicolás Godoy y Juan Eduardo Zamora.

La violencia continuó cuando Jara fue arrastrado hacia la vía pública. En ese momento, dos de los efectivos perdieron el equilibrio y cayeron junto con él, pero los golpes habrían continuado en la calle, ante la presencia de su pareja y una vecina que les pedía que se detuvieran.

Uno de los episodios más graves señalados por los investigadores involucra al cabo Salazar, quien habría mantenido al joven contra el suelo, presionándole la cabeza con una rodilla, mientras Jara advertía reiteradamente que no podía respirar.

La acusación también alcanza al oficial subinspector Emiliano Manuel Cabral, quien era el efectivo de mayor jerarquía del grupo motorizado.

Aunque no habría participado del ingreso inicial a la vivienda, la Fiscalía sostiene que se sumó en la vía pública para sujetar las piernas de Jara mientras permanecía tendido en el suelo y en grave estado.

Posteriormente, el joven le pidió a su pareja que entregara un bolso. Según la investigación, Salazar ingresó nuevamente a la vivienda y retiró un morral rojo que contenía 28 cigarrillos de marihuana, un balancín y 276.000 pesos.

Otro punto central de la acusación está relacionado con la documentación confeccionada después del procedimiento.

De acuerdo con los fiscales, Cabral y Recio habrían elaborado y firmado un acta contravencional falsa para intentar justificar la intervención policial. En el documento consignaron que Jara había realizado señas obscenas, se había resistido al arresto y había extraído un cuchillo para intentar atacar a los efectivos.

Sin embargo, el acta de ingreso a la dependencia ya dejaba constancia de que el joven presentaba múltiples golpes en su cuerpo.

Incluso, antes de morir, Jara tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Giordano a las 2:45 de la madrugada.

Finalmente, a las 4:59 del domingo 15 de noviembre, falleció en el sector de calabozos de la Comisaría 18va. La autopsia determinó que presentaba un politraumatismo y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural, lesiones que los forenses consideraron compatibles con una muerte violenta.

La Fiscalía detalló las imputaciones provisorias de la siguiente manera:

– Arnaldo Salazar, Juan Zamora y Félix Godoy: allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de coautores. También homicidio agravado por la calidad funcional del autor.

– Juan Ignacio Recio: allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio agravado por la calidad funcional del autor. Además, falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

– Emiliano Cabral: allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Es el único de los cinco a quien no se le atribuye el delito de homicidio agravado.

En tanto, el agente Matías Lucero quedó en libertad por decisión de la Fiscalía, que consideró que no existen pruebas suficientes para sostener una imputación en su contra.

La investigación buscará ahora determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los efectivos en un procedimiento que terminó con la muerte de Franco Nahuel Jara y que quedó bajo la lupa judicial por la violencia ejercida y las presuntas irregularidades cometidas para justificar el accionar policial.