Unión por la Patria presiona desde el Congreso para que la detención de Cristina “cumpla con todas las garantías del proceso”

La confirmación de la condena contra Cristina Kirchner endureció la postura de Unión por la Patria en el Congreso. Frente a lo que consideran un caso de “persecución política programada”, los principales referentes del kirchnerismo redefinieron su estrategia parlamentaria. El objetivo inmediato: asegurar que, cuando se concrete la detención, se cumpla en su domicilio y con pleno resguardo de las garantías procesales.

“Algo se quebró del pacto democrático y no podemos fingir demencia”, dijo a LA NACION una autoridad del bloque de Diputados. “No vamos a normalizar esta situación”, agregó.

Desde el espacio señalaron que, si bien no hay una estrategia cerrada, se mantendrán en alerta frente al desarrollo judicial y buscarán dar señales claras de respaldo político a la exvicepresidenta, especialmente si advierten un intento de avanzar en condiciones que consideren injustas o desproporcionadas.

La solicitud de Cristina Kirchner para cumplir la pena en su domicilio está en manos del fiscal Diego Luciani, quien tiene hasta este martes para expedirse. Luego, la decisión volverá al juez Jorge Gorini, presidente del tribunal que dictó la sentencia, que deberá resolver junto a los otros magistrados.

Tal como reveló LA NACION, por estas horas la Justicia evalúa otorgarle un régimen de arresto domiciliario con restricciones mínimas. Entre ellas, se contemplaría la posibilidad de que la expresidenta mantenga su actividad en redes sociales o por streaming, e incluso que continúe saliendo al balcón de su casa.

Al mismo tiempo, el tribunal analiza si debe exigirle que se presente personalmente ante los jueces, sin excepciones. Mientras esas definiciones siguen en discusión, en el entorno de Cristina Kirchner creció la preocupación por una posible exposición pública que la incomode, y la respuesta política ya se activó en el Congreso.

En ese marco, el diputado Leopoldo Moreau fue la voz más vehemente durante la última reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Denunció una “escalada hacia el autoritarismo” y sostuvo que el Estado de derecho en la Argentina “está muriendo”. Según planteó, hay tres hechos recientes que confirman el quiebre del pacto democrático sellado en 1983: el despliegue de fuerzas federales alrededor del Congreso, la detención “arbitraria” de Juan Grabois –que, afirmó, fue ordenada por el propio presidente Javier Milei– y la condena a Cristina Kirchner, validada por una “Corte Suprema corrupta”.

“No vamos a convalidar este escenario ni a participar de espacios que naturalicen semejante gravedad institucional”, advirtió Moreau, tras reclamar el retiro del operativo de seguridad que rodea el Parlamento. Lo consideró una forma de “intimidación” tanto a los diputados como a la ciudadanía.

Sin embargo, esa postura fue luego matizada por las autoridades del bloque. Aclararon que la estrategia parlamentaria no será uniforme, sino que dependerá del contenido del temario en discusión.

Si la agenda es impulsada por el oficialismo, evalúan vaciar las comisiones como gesto de repudio político. En cambio, si los temas provienen de la oposición −como en el caso de la comisión investigadora del escándalo $LIBRA−, optarán por dar la pelea desde adentro y buscar imponer mayoría.

Esa línea de acción fue la que Cristina Kirchner transmitió personalmente a los senadores de su espacio durante una reunión en la sede del Partido Justicialista, el martes por la tarde. El mensaje fue claro: sostener la agenda opositora y avanzar con los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados, como la recomposición de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Al día siguiente, los legisladores profundizaron ese rumbo al recibir a médicos del Hospital Garrahan, que continúan reclamando una mejora salarial.