Tienen penas perpetuas y saldrán a trabajar por un programa especial

Uno de los internos tiene 39 años y lleva casi dos décadas alojado en el Servicio Penitenciario. Autor de un homicidio, fue condenado a prisión perpetua, por lo que ha pasado las dos terceras partes de su vida tras las rejas y, hasta el momento, nunca salió de la unidad de detención de Chimbas. Otro de los presos presenta un caso similar: desde 2013 se encuentra en el Penal a raíz de una condena perpetua que recibió cuando tenía 22 años luego de cometer un asesinato. A ellos se les suma otro interno joven, de 27 años, y que desde hace ocho está detenido. Los tres «llevan años con la máxima calificación de buena conducta posible, tienen informes favorables de todas las áreas (psicología y trabajo social) y no registran sanciones de ningún tipo», dijo el director del Servicio, Adriel Fernández. Por eso, fueron elegidos para ser punta de lanza de una prueba piloto para reos con sanciones a perpetuidad: el Programa de Capacitación Extramuros, que les permitirá salir a trabajar por primera vez desde la semana que viene y realizar tareas comunitarias, antes de cumplir los requisitos necesarios para recibir el beneficio de salidas transitorias. Si el plan cumple con el objetivo de que los reos puedan reinsertarse en la sociedad a través de tareas laborales, la idea es ampliarlo para que más castigados puedan desempeñar un empleo fuera de la cárcel. Incluso, Fernández indicó que existen unos 300 internos que son parte de los talleres de oficio y tienen buena conducta, mientras que, según datos oficiales, hay 58 personas alojadas en el Penal con penas perpetuas y que pueden ser parte del plan.

Para poner en marcha la iniciativa, el director del Penal explicó que existieron tres partes fundamentales que ayudaron a su concreción. La primera es que los tres internos pertenecen al programa Espartanos, fundación que, a través del deporte, se dedica a contener a condenados, incorporándoles valores necesarios para una reinserción en la sociedad. El plan se lanzó en 2018, debido a una iniciativa de la Corte de Justicia. La segunda pata fue el movimiento católico Camino a Emaús, que lidera el padre Eduardo Gutiérrez, quien fue capellán del Servicio Penitenciario y ha trabajado directamente con cada uno de los protagonistas. El movimiento tiene su sede en 9 de Julio y es el lugar donde los tres presos trabajarán dos días a la semana, martes y jueves, desde las 8 hasta las 18. Por último, el Poder Judicial, el que, a través del Juzgado de Ejecución Penal, dio el OK legal para que los castigados puedan salir de la cárcel. Un punto clave que explicó Fernández es que «los internos van a estar custodiados en todo momento por agentes del Servicio Penitenciario y contarán, cada uno de ellos, con tobilleras electrónicas, por lo que habrá un seguimiento de sus movimiento en todo momento».

Los presos con penas perpetuas pueden acceder al programa porque fueron condenados antes de 2017. Ese año se modificó la ley de Ejecución Penal y se agregaron delitos que le impiden a la persona privada de la libertad acceder a los beneficios contemplados durante el cumplimiento de su pena. Ese es el caso de las condenas perpetuas y las salidas transitorias, explicó el director del Penal de acuerdo a la normativa.

Consultado sobre la iniciativa, el padre Gutiérrez dijo que «la idea es que, si esto funciona, podamos incentivar a otros y ayudarlos en su reinserción laboral, sobre todo, a aquellos que han logrado un cambio porque, lamentablemente, hay otros que no lo logran». El sacerdote indicó que, para poner en marcha el taller, el cual será de metalurgia, tiene el compromiso de privados que aportarán insumos básicos para el trabajo. «El objetivo final es que los condenados puedan reparar el daño que hicieron y devolver algo a la sociedad», indicó Gutiérrez.