Ordenaron que Olivera vuelva al Penal.

El represor Jorge Antonio Olivera carga con dos condenas a prisión perpetua por ser el jefe de la represión ilegal en la última dictadura, aunque había conseguido la detención domiciliaria. Además de ese beneficio, viene solicitando la autorización para salir de su casa con el fin de hacer ejercicio por recomendación médica, lo que en la Justicia Federal le vienen rechazando. Ahora, en uno de esos planteos, salió a la luz que el militar retirado adulteró un certificado médico, lo que desencadenó que el fiscal General Francisco Maldonado pidiera que se le revoque el régimen del que goza y el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de San Juan ordenara el viernes que vuelva a la cárcel. Además, el juez Daniel Doffo y su colega Carolina Pereira dispusieron, tras el pedido del representante del Ministerio Público, que las actuaciones pasen al Juzgado Federal Nº 2 para que se investigue un hecho delictivo.

Olivera no fue cualquier engranaje en el aparato represivo en San Juan, sino que fue el jefe de Inteligencia del RIM 22 y uno de los que impartió las órdenes para que se llevaran adelante detenciones, secuestros, torturas, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones contra militantes políticos, sindicales, estudiantiles y de la organización Montoneros. Además, cuenta con un historial de diversas maniobras para eludir la Justicia. En 2000, fue detenido en Italia por la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize, pero burló a la Justicia de ese país tras la presentación de un documento falso.

El 25 de julio de 2013, a días de haber recibido su primer castigo, se fugó con Gustavo De Marchi del Hospital Militar Cosme Argerich, al que había sido trasladado por supuestas dolencias (ver recuadro).

Ahora, el fiscal General expuso que el represor, a través del defensor Oficial, Esteban Chervin, había pedido el 23 de diciembre de 2021 salir de su hogar para realizar actividad física, en base a un certificado del médico Mario Caponnetto, el cual había sido expedido el 6 de diciembre de ese año. Maldonado y el Tribunal le denegaron el planteo. El 21 de diciembre del año siguiente, Chervin volvió a solicitar el mismo permiso para el represor, con el que acompañó un certificado idéntico de Caponnetto, salvo que no figuraba ninguna fecha en la que fue confeccionado. Además de que resaltó que se trataba de una copia del anterior, el Tribunal detectó que el documento no contaba «con fecha cierta o datada», por lo que denegó el planteo sin sustanciación.

Fue como la punta del ovillo, dado que el Tribunal agregó documentación, la que señalaba que el médico había reconocido que sólo emitió el certificado de 2021, a pesar de que revisó clínicamente a Olivera en ocasiones posteriores. Por eso, el fiscal sostuvo que el militar retirado solicitó el permiso para salir «basándose en un documento adulterado (el certificado presentado en 2022, en el que se había borrado la fecha), con el que «intentó burlar la investidura del Tribunal y Ministerio Público Fiscal», por lo que demostró, «una vez más, el poco apego al sistema de justicia».