Milei oficializa el veto al aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad
El Presidente rechazó tres proyectos clave aprobados por el Congreso: mejoras para jubilados, recomposición de la moratoria previsional y fondos para personas con discapacidad. La decisión se formalizó a través del decreto 534/2025, mientras crece la presión opositora y las movilizaciones.
En un contexto político marcado por el debate sobre el financiamiento del sistema previsional y la atención a sectores vulnerables, el presidente Javier Milei firmó el veto a tres leyes aprobadas por el Congreso. Las iniciativas, que apuntaban a aumentar los ingresos de los jubilados, restituir la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad, fueron anuladas mediante el decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión presidencial implica el segundo veto a un paquete de mejoras para jubilados en lo que va de su gestión. Según fuentes legislativas, la firma se concretó el viernes por la noche, aunque recién se oficializó con la publicación del decreto. El Congreso tiene la posibilidad de insistir con las leyes, pero necesitaría reunir los dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado, un desafío que hoy parece poco probable.
En la Cámara Alta, los proyectos contaron con un respaldo sólido: 52 votos a favor y 4 abstenciones. Sin embargo, en Diputados los márgenes fueron más estrechos, lo que complica una eventual insistencia legislativa. De todos modos, no está previsto que las iniciativas vetadas sean tratadas en la próxima sesión del 6 de agosto, donde la oposición planea enfocar el debate en otras prioridades, como el financiamiento de las universidades y la salud infantil.
Entre las medidas rechazadas se encontraba un incremento único del 7,2% para todas las jubilaciones, la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000 y la reactivación de la moratoria previsional vencida en marzo, que permitía acceder a la jubilación a quienes no contaban con los 30 años de aportes requeridos.
Además, el Ejecutivo bloqueó la declaración de emergencia en discapacidad, que preveía la asignación de fondos hasta diciembre de 2027 para garantizar el pago a prestadores de servicios como enfermeros, acompañantes y transportistas. La ley también contemplaba la actualización de pensiones no contributivas, que en junio alcanzaban los $213.286,50, y una mejora en los ingresos de trabajadores con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos, quienes actualmente perciben apenas $28.000 por mes, monto que no se actualiza desde febrero de 2023.