Milei anticipa vetar el financiamiento universitario y el aumento para el Garrahan
El Gobierno ya adelantó que rechazará las leyes votadas por la oposición, en línea con su postura de preservar el superávit fiscal. También se profundiza la tensión con las provincias por el reparto de fondos y la coparticipación.
En una jornada adversa para el oficialismo en la Cámara de Diputados, se aprobaron dos proyectos clave impulsados por la oposición: el aumento del presupuesto para las universidades públicas y la declaración de emergencia en pediatría, que incluye una suba en los fondos destinados al Hospital Garrahan. Horas después, desde el Gobierno nacional confirmaron que ambas iniciativas serán vetadas si llegan a convertirse en ley.
La Libertad Avanza fue categórica en su postura: «El superávit fiscal no se negocia», expresaron en redes sociales. El mensaje fue compartido por el propio presidente Javier Milei, ratificando su decisión de bloquear cualquier medida que implique un mayor gasto público.
Esta actitud no sorprende si se tiene en cuenta que, días atrás, el Poder Ejecutivo también había rechazado el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, argumentando razones fiscales.
Según trascendió, el oficialismo no contaba con expectativas positivas respecto a la sesión legislativa de este miércoles. Pese a algunas gestiones para frenar los avances opositores, no logró evitar que se alcanzara el quórum necesario con 129 diputados presentes.
El resultado dejó al Gobierno en una posición incómoda: además de las dos medias sanciones, la Cámara Baja rechazó cinco decretos presidenciales que apuntaban a desmantelar o reestructurar organismos públicos como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, entes culturales y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Aunque esos decretos aún siguen vigentes hasta que el Senado se expida, la oposición logró un fuerte golpe político al plan de ajuste y desregulación encabezado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger. Entre los textos cuestionados se encuentran el DNU 461/25, que disponía la disolución de Vialidad Nacional sin proponer una alternativa, y el 462/25, que reformaba profundamente al INTA y al INTI, eliminando sus consejos directivos.
Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran que no temen un costo político por los vetos al financiamiento universitario ni al Garrahan, aunque sí observan con preocupación la posibilidad de que los decretos pierdan vigencia si el Senado también los rechaza.
En paralelo, el Ejecutivo se enfoca en contener la presión de los gobernadores. En particular, busca frenar el avance de los proyectos que promueven una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos, dos reclamos fuertes de las provincias.
Como parte de esa estrategia, La Libertad Avanza logró fragmentar el bloque de legisladores alineados con los mandatarios provinciales. Algunos de ellos aceptaron postergar el tratamiento del proyecto vinculado al impuesto a los combustibles para la próxima semana. «Están negociando una mejora del porcentaje que se le va a dar a cada uno», confió a la prensa un legislador con vínculos cercanos al oficialismo.