La Justicia ordenó levantar el paro de colectivos y dispuso el cese de las retenciones de tareas en San Juan.
El Primer Juzgado Civil hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado. La resolución busca garantizar la vuelta del transporte público, mientras continúa el conflicto salarial entre choferes y empresarios.
La Justicia de San Juan hizo lugar este jueves a una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar las medidas de fuerza y retenciones de tareas que mantienen paralizado el servicio de colectivos en la provincia.
La resolución fue adoptada por Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, luego de que la Fiscalía de Estado presentara un amparo con pedido de medida cautelar para solicitar el cese inmediato de las medidas de fuerza.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la presentación y explicó que el planteo judicial tuvo en cuenta los derechos constitucionales de los usuarios afectados por la interrupción del transporte público.
“Hemos presentado un amparo con medida cautelar, para que se ordene el levantamiento inmediato de cualquier medida de fuerza o retención de tareas, y así lo ha dispuesto el juez”, señaló Dávila.
Entre los derechos afectados, el funcionario mencionó el acceso a la salud y la educación, el derecho a trabajar y el derecho a transitar, todos vinculados con la disponibilidad del servicio de transporte público.
La medida judicial se conoció mientras el conflicto entre los empresarios y los choferes atraviesa una jornada clave. El paro comenzó el miércoles y este jueves ya llevaba aproximadamente un día y medio, dejando a miles de usuarios sin colectivos y sin certezas sobre cuándo se normalizarían los recorridos.
La postura de los empresarios
En paralelo, durante la reunión desarrollada este jueves en la Subsecretaría de Trabajo, los representantes de las empresas expusieron su posición frente al reclamo salarial de los trabajadores.
Ricardo Salvá, representante de ATAP, sostuvo que las empresas vienen solicitando desde hace meses una mesa técnica con el Gobierno para analizar la estructura de costos del sistema. Según explicó, los pedidos de reunión fueron realizados formalmente desde junio y reiterados durante septiembre.
El empresario afirmó que las compañías no están en condiciones de afrontar el aumento salarial acordado para los trabajadores y cuestionó el actual esquema de financiamiento del transporte público.
De acuerdo con los números expuestos por ATAP, las empresas acumularían un perjuicio económico cercano a $5.016 millones y deben recurrir a créditos y descubiertos bancarios para sostener su funcionamiento.
Salvá agregó que las compañías afrontan unos $200 millones mensuales en intereses bancarios y obligaciones vinculadas a planes de pago ante ARCA. Además, señaló que necesitan otros $400 millones para cubrir el incremento de distintos componentes del sistema desde la última actualización de costos, entre ellos el combustible.
La resolución judicial agrega un nuevo capítulo al conflicto y ahora resta conocer cómo impactará la orden del juez en la continuidad de la medida de fuerza y en la normalización del servicio de colectivos en San Juan.