La Corte de Justicia confirmó el fallo que ratifica el despido de 2000 empleados públicos.
El argumento del Gobierno fue el incumplimiento de sus labores y ademas el paso a planta permanente en un término ilegal.
La Corte de Justicia de San Juan resolvió rechazar de manera definitiva el amparo presentado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que buscaba reincorporar a los trabajadores estatales cuyos pases a planta permanente habían sido anulados por el gobierno de Marcelo Orrego. Con este fallo, el tribunal ratificó la legalidad del Decreto 62/23, firmado por el gobernador un día después de asumir, y dejó sin efecto miles de nombramientos realizados en los últimos meses de la gestión de Sergio Uñac.
La decisión fue adoptada por la Sala Segunda de la Corte, integrada por los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria. Los jueces coincidieron con los fallos de instancias anteriores, que consideraron inadmisible el reclamo sindical por no haber agotado la vía administrativa, es decir, no haber presentado previamente un recurso jerárquico o de reconsideración ante el Ejecutivo.
El decreto en cuestión dejó sin efecto más de 2.000 designaciones en planta permanente, argumentando que muchas de ellas se realizaron en el tramo final de la gestión anterior y sin cumplir con los requisitos legales mínimos, como contar con al menos seis meses de servicio efectivo y continuo. También fueron anuladas extensiones de contratos temporales que no se ajustaban a la normativa vigente.
El fallo de la Corte no solo cerró la vía judicial provincial para el sindicato, sino que también reforzó la postura del Gobierno provincial de revisar las decisiones adoptadas en el último tramo del mandato anterior. Los jueces remarcaron que el accionar del Ejecutivo se encuentra dentro de sus atribuciones legales, y que la medida apuntó a resguardar el equilibrio fiscal y el correcto funcionamiento del Estado.
En paralelo, desde el Ejecutivo se conformó una Comisión Evaluadora para analizar caso por caso y determinar si algunos trabajadores cumplían con los requisitos para ingresar a planta. Esa comisión continúa trabajando, aunque por el momento no se han dado a conocer resultados concretos.
Desde el SEP consideraron que la medida fue arbitraria y que vulneró derechos laborales. Sin embargo, con esta resolución de la Corte, el gremio quedó sin margen de acción en la órbita judicial provincial. Aun así, podrían intentar llevar el reclamo a instancias federales o continuar por la vía administrativa en casos particulares.