Imputaron a un abogado por presunto abuso sexual contra la mujer de un colega.

La denuncia fue formalizada en la UFI CAVIG, y se otorgó un plazo de seis meses para la producción de pruebas.

Un abogado fue formalmente imputado por abuso sexual simple luego de la denuncia presentada por la esposa de un colega. El denunciado optó por ejercer su propia defensa en la audiencia y rechazó la acusación, calificándola como una maniobra para afectar su carrera profesional.

La causa tramita en la UFI CAVIG y se inició a partir de una denuncia radicada en noviembre, aunque el presunto hecho ocurrió en junio del mismo año. Según la fiscalía, la mujer relató que el episodio se produjo en la puerta de su domicilio en Capital, cuando el imputado llegó con la excusa de hablar con su esposo.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, ingresó a su vivienda para buscar algún papel y lapicera, ya que el abogado insistía en dejar su número de teléfono. En ese momento, el apuntado se habría acercado por detrás, la apoyó contra su cuerpo y le tocó los senos, para luego retirarse.

La mujer permaneció en silencio varios meses y recién contó lo sucedido a su pareja en noviembre, lo que derivó en la denuncia formal. El detonante fue un episodio del 3 de noviembre, cuando el imputado acudió junto a otros profesionales al domicilio de la pareja por una causa civil y su actitud llevó a la mujer a quebrarse emocionalmente.

Un informe psicológico incorporado al expediente indicó un cuadro de angustia, vergüenza e incertidumbre, lo que motivó medidas de protección para la denunciante.

Durante la audiencia, él negó los hechos, afirmó que se trata de una falsa denuncia y acusó a la denunciante de «hacer un circo». Sostuvo también que el trasfondo sería judicial, ya que interviene en una causa contra el esposo de la mujer, vinculada a un desalojo. Solicitó que el expediente sea desestimado o archivado.

Pese a esto, la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez formalizó la investigación, imputó al abogado por abuso sexual simple y dispuso un plazo de seis meses para la producción de pruebas. Mientras tanto el letrado continuará el proceso en libertad.