El ex intendente de Pocito imputado por el Tribunal de Cuentas, por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión.
Armando Sánchez deberá responder por 25 cargos formulados, que podrían representar un perjuicio de hasta $120 millones para el municipio. Los gastos cuestionados incluyen obras, juegos deportivos y eventos sin respaldo documental.
El exintendente de Pocito, Armando Sánchez, y varios exfuncionarios de su gestión quedaron formalmente imputados por el Tribunal de Cuentas de San Juan, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el año 2023.
Según reveló Telesoldiario, el organismo formuló 25 cargos que, en conjunto, representarían un posible perjuicio económico de aproximadamente 120 millones de pesos. Todos los implicados ya fueron notificados y cuentan con un plazo legal para presentar sus descargos y documentación respaldatoria que justifique los gastos observados.
Entre los puntos más críticos, se destaca un pago de 49,8 millones de pesos a la empresa Hormigones de Cuyo por la repavimentación de la calle Maurín, sin documentación técnica ni certificación de obra. También se cuestiona una erogación de casi 16 millones de pesos por la instalación de juegos deportivos, sin contratos ni facturas que validen la compra o colocación.
La lista de observaciones continúa con más de 9 millones de pesos utilizados en supuestos operativos de limpieza, sin contratos formales ni certificaciones de ejecución. A esto se suman cargos por unos 6 millones de pesos correspondientes a la renovación de espacios verdes y equipamiento urbano para plazas, que tampoco presentan documentación clara.
Además, se formularon dos cargos adicionales de 5 millones de pesos cada uno, por un lado, por trabajos de enripiado de calles, y por otro, por servicio de catering para un evento institucional, ambos sin respaldo documental.
El resto de las imputaciones corresponde a montos menores, aunque el conjunto completa un cuadro que compromete seriamente la rendición de cuentas de la anterior gestión pocitana.
Desde el Tribunal de Cuentas se aclaró que, de no presentar pruebas válidas, los exfuncionarios podrán ser declarados responsables y, en consecuencia, la Fiscalía de Estado podría iniciar acciones de cobro a favor del municipio.