Día de sentencia. Perpetua para Brenda Agüero, absolución para Diego Cardozo y condenas para exdirectivos del Neonatal
Todas las condenas salieron por mayoría. Hubo cinco absoluciones. Se enmarcaron todos los hechos en violencia institucional y hubo condenas civiles para la Provincia.
Brenda Agüero, la enfermera detenida desde agosto de 2022, fue encontrada culpable por mayoría por las cinco muertes y los otros ocho ataques a bebés en el hospital Materno Neonatal entre marzo y junio de 2022 y fue condenada a la única pena posible para este delito: prisión perpetua.
Brenda Agüero se convirtió, de este modo, en la primera asesina en serie condenada por la Justicia de Córdoba en su historia penal.
La resolución llegó tras casi 10 horas de debate de los jurados populares y dos vocales técnicos de la Cámara Séptima del Crimen: José Daniel Cesano y Laura Huberman.
El veredicto dejó también como dato saliente la absolución del exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, también por mayoría. Cardozo había llegado a juicio acusado de encubrimiento. La propia acusación del fiscal de Cámara había solicitado una pena mitigada, de ejecución condicional.
En cambio, fue condenado, con fallo dividido el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, el único funcionario ministerial que recibió una pena. Carvajal fue sentenciado a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación, sin pérdida de la libertad y bajo caución. Se lo responsabilizó por encubrimiento y omisión de denunciar.
También por mayoría fue condenada la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien recuperará la libertad bajo caución de 35 millones de pesos y otros compromisos. La condena fue a cinco años de prisión y cuatro años de inhabilitación. Asís llegó al juicio en calidad de detenida en prisión domiciliaria.
La misma pena se decidió por mayoría para Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del hospital: cinco años de prision y cuatro de inhabilitación especial para cargos públicos. Puede mantener la libertad bajo caución de 35 millones de pesos, con reglas de fijar domicilio, no salir del país y asistir a toda citación judicial, como el resto de los condenados por responsabilidades funcionales.
También se condenó a Adriana Moralez, quien era la encargada del Comité de Seguridad del Paciente del hospital, por mayoría a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitacion, manteniendo su libertad, con las mismas condiciones que sus compañeros de causa.
Para el ex subdirector administrativo del hospital, Alejandro Escudero Salama, corrió igual criterio de cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación. Puede mantener la libertad, con los compromisos establecidos para todo el grupo.
El veredicto dejó cuatro absoluciones por unanimidad: para la ex jefa de Enfermería, Alicia Ariza; para la médica María Alejandra Luján; y para la exjefa de Tocoginecología, Claudia Ringelheim; y para el exsecretario de Coordinación ministerial, Alejandro Gauto.
Salvo estas decisiones absolutorias, todas las condenas y la absolución de Cardozo salieron con fallos divididos del tribunal mixto entre jueces legos y jueces técnicos. Este aspecto, en el caso de los condenados, es un precedente que se buscaría hacer valer en las casi seguras acciones de casación de la sentencia.
La relación de cuántos votos a favor y cuántos en contra para cada condena o absolución por mayoría recién se conocerá el 23 de julio, cuando se publiquen los fundamentos de esta sentencia y se asiente en cada caso la adhesión que tuvieron las posturas que terminaron siendo resolutivas.
Pedidos del tribunal
La Cámara indicó que se libre oficio al Ministerio Público Fiscal para que se investiguen los dichos de la testigo médica Marcela Quaglia, quien declaró que el 7 de junio no quisieron tomarle la denuncia en la Unidad Judicial 18, ubicada junto al hospital.
A su vez, se pidió que se investiguen las declaraciones de la funcionaria del área de Legales Mariana Figueroa y el ex secreario de Salud Pablo Carvajal quienes dijeron que no se presentó la denuncia porque estaba articulada con un fiscal.
A su vez, el tribunal recomendó al Poder Ejecutivo “que optimice la selección del personal teniendoen cuenta el perfil psicológico de los postulantes”.
También se pidió que se ponga en marcha de manera inmediata un programa de asistencia integral para los niños sobrevivientes.
Y se ordenó remitir al tribunal de disciplina del Colegio de Abogados una queja por el comportamiento del letrado Claudio Orosz al emitir sus conclusiones con palabras que el tribunal consideró ofensivas.
Violencia institucional
El veredicto les reconoció indemnizaciones materiales a las familias de los 13 niños fallecidos o atacados en la serie que llegó a juicio en esta investigación. En un artículo especial de la sentencia se enmarcó lo ocurrido entre marzo y junio de 2022 en el hospital como actos de violencia institucional.
Al considerarse que todos los casos correspondieron a una serie criminal hubo condenas civiles contra Brenda Agüero y la Provincia en los 13 eventos, tanto los que terminaron con fallecimientos como los que no tuvieron ese desenlace.
En cambio, se rechazaron todas las demandas civiles contra los exfuncionarios y exdirectivos del hospital, quienes no responderán con sus patrimonios por los distintos daños a las víctimas.
La lectura se inició a las 19.50 y comenzó con los agradecimientos de la presidenta del juicio, Patricia Soria, a todos los que participaron e hicieron posible “sin contratiempos y cumpliendo los tiempos previstos” este largo debate. En particular, agradeció a los jurados populares por el compromiso y la dedicación, en un momento en que la jueza se emocionó.
El juicio se inició el 6 de enero y llegó a su etapa final tras 57 días de audiencias, en las que pasaron 99 testigos y declararon las madres y familiares de los bebés fallecidos o con descompensaciones inexplicables y también los 11 imputados por distintos delitos.