El Gobierno trabaja en un proyecto de Ley de Libertad Educativa que propone derogar la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, y reemplazarla por un modelo que desplaza al Estado a un rol “subsidiario” y otorga mayor autonomía a las escuelas y a las familias. El borrador, discutido en el Consejo de Mayo, abarca 136 artículos y plantea una reconfiguración profunda de la educación inicial, primaria y secundaria.
Un modelo centrado en las familias y con menor presencia estatal
El texto insiste en la “libertad educativa” como principio rector y coloca a las familias como “agente natural y primario” de la educación. El Estado queda relegado a un rol complementario, interviniendo solo cuando los actores del sistema “no puedan garantizar” el derecho a la educación. Se elimina además la meta de inversión del 6 por ciento del PBI y se equipara el acceso al financiamiento entre escuelas públicas y privadas.
Menos horas de clase y más autonomía curricular
El proyecto establece mínimos de 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, cifras inferiores a los acuerdos alcanzados por todas las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación.
Solo el 75 por ciento de ese tiempo deberá ocuparse con contenidos comunes; el resto quedará para el “espacio de autonomía curricular” definido por cada institución.
Cambios profundos en la gestión escolar
La norma prevé una “transición progresiva” hacia la gestión autónoma de las escuelas estatales: podrán definir su régimen interno, decidir políticas de admisión, administrar recursos y proponer la contratación o suspensión del personal. Se crea además un consejo escolar de padres con participación obligatoria en la vida institucional.
Evaluaciones anuales y publicación por escuela
Las pruebas nacionales (actual Aprender) se volverán anuales y censales, y el Gobierno podrá publicar resultados desagregados por escuela, lo que hoy está prohibido para evitar estigmatizaciones. La evaluación incluirá aprendizajes, desempeño docente y gestión directiva.
Financiamiento: becas, vales y subsidios a demanda
El nuevo esquema incorpora becas, vales educativos y créditos fiscales para familias, además de subsidios para instituciones públicas y privadas. Se plantea un sistema de monitoreo del gasto educativo y evaluaciones independientes de la inversión.
Docentes: estabilidad condicionada y evaluaciones periódicas
La carrera docente seguirá durando cuatro años, pero la estabilidad quedará sujeta al desempeño, la formación continua y evaluaciones periódicas cada cuatro años. Se crea un Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente que reemplazaría al actual INFoD.
Un giro estructural con fuerte polémica
El borrador anticipa una reforma que reconfigura el sentido mismo del sistema educativo argentino:
Reduce el rol del Estado.
Refuerza la autonomía institucional y el poder de las familias.
Desregula planes de estudio, gestión docente y financiamiento.
Debilita estándares comunes y compromisos nacionales.
Mientras la propuesta avanza puertas adentro del Ejecutivo, el sector educativo ya anticipa debates profundos sobre equidad, calidad, regulación y derechos, en un escenario donde el acceso a la educación podría quedar cada vez más condicionado por la capacidad de cada familia y el mercado.