Acueducto Gran Tulum: la jueza declaró la nulidad y la causa volvió a foja cero.
La magistrada Mónica Lucero hizo lugar al planteo presentado por las defensas de los exfuncionarios y dejó sin efecto todo lo actuado después del 13 de octubre. Los imputados dejaron de tener esa condición procesal y deberá realizarse una nueva audiencia de formalización.
Como consecuencia, la investigación retrocedió a la etapa preliminar y las personas que habían sido imputadas dejaron de tener esa condición procesal, al menos hasta que se concrete una nueva audiencia de formalización.
La resolución se conoció durante el tercer tramo de las audiencias, donde se esperaba que Lucero definiera el planteo presentado por los abogados defensores de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, ambos ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
Los defensores Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair habían cuestionado la actuación de la magistrada y sostenido que existía una falta de imparcialidad manifiesta. Según su argumento, cuando Lucero rechazó la recusación en su contra, debió permitir que el Tribunal de Impugnación revisara esa decisión, en lugar de resolverla por sí misma.
Ese procedimiento fue el eje del planteo de nulidad que finalmente prosperó y que terminó modificando el rumbo de la investigación.
La causa deberá pasar por Impugnación
A partir de la resolución, el expediente fue remitido al Tribunal de Impugnación, que deberá analizar si Lucero continúa al frente de la causa o si corresponde que se aparte.
Mientras se resuelve esa cuestión, las audiencias anteriores quedaron sin efecto y el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar nuevamente con el procedimiento correspondiente para formalizar las acusaciones.
En total, diez de las once personas vinculadas a la investigación habían sido imputadas por el fiscal Sebastián Gómez. Entre ellas, tres enfrentaban acusaciones de mayor gravedad: Sergio Uñac, Cristian Andino y Sergio Ruiz.
A estos se les atribuían los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
En tanto, el resto de los involucrados había sido señalado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Dentro de ese grupo, Gustavo Mastelone, Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso habían sido considerados partícipes necesarios en el primero de los delitos y autores del segundo.
Por su parte, Guillermo Nicolás Sirerol y Juan Carlos Caparrós, también ex titulares de OSSE, habían sido imputados como autores de ambos delitos.
De esta manera, una decisión judicial cambió por completo el escenario de una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes de San Juan. El expediente deberá recorrer nuevamente instancias procesales antes de que puedan concretarse las imputaciones y avanzar hacia una eventual etapa posterior.
