Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad: qué cambia y qué cedió el Gobierno.
El proyecto obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Tras negociar con la oposición, el oficialismo descartó los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y acordó mantener las pensiones, la actualización por inflación y un sistema unificado de prestaciones.
La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad después de una extensa negociación entre el Gobierno, los bloques aliados y la oposición. El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría de dos tercios que permitió destrabar una discusión que llevaba casi dos meses.
El acuerdo establece una nueva normativa para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia termina a fin de año. El texto mantiene buena parte del sistema actual y fija garantías para las pensiones no contributivas, el acceso a las prestaciones y su financiamiento.
La aprobación fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara los cambios reclamados por distintos sectores opositores. Entre las principales concesiones, el oficialismo dejó de lado los recortes que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y accedió a preservar mecanismos centrales del régimen vigente.
Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado
Qué cambia respecto del sistema de discapacidad
Uno de los principales puntos del acuerdo es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. El texto consensuado ratifica un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso.
También conserva dos herramientas centrales para financiar las prestaciones: el nomenclador universal y el arancel unificado. De esta manera, se mantiene un esquema común de valores para las prestaciones básicas, en lugar de permitir que cada obra social, empresa de medicina prepaga o provincia establezca sus propios aranceles sin una actualización automática.
El proyecto contempla, además, la actualización de las pensiones por inflación. El objetivo es que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo en relación con el año anterior.
Otro de los puntos que se mantuvo es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, una condición que había sido cuestionada en la propuesta presupuestaria del Gobierno. Con la nueva redacción, las personas que cuentan con CUD podrán conservar el beneficio si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Los recortes del Presupuesto 2027 que el Gobierno dejó de lado
La negociación tuvo un momento de tensión cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un capítulo que introducía cambios restrictivos en el sistema de discapacidad. Esas medidas se apartaban de las conversaciones que el oficialismo mantenía con sus aliados y con la oposición.
Entre los puntos cuestionados figuraban la adopción del criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y la eliminación del CUD como vía directa para obtener el beneficio.
La propuesta también establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal. A eso se sumaba la derogación del arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que habría permitido a obras sociales, prepagas y provincias fijar valores propios sin una actualización automática por el índice de precios al consumidor (IPC).
Para desactivar la ofensiva opositora y avanzar con una ley acordada, el oficialismo se comprometió a dejar de lado esos recortes. El proyecto que finalmente llegó al recinto retomó los principales componentes del régimen vigente, aunque incorporó mecanismos de auditoría y control.