San Juan aprobó un régimen transitorio para adaptar la Justicia Penal Juvenil

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este lunes, con 32 votos afirmativos y cuatro ausencias, la Ley Transitoria del Régimen Penal Juvenil, una herramienta que permitirá a la provincia adecuar su sistema a la Ley Nacional 27.801, vigente desde el 5 de septiembre.

La iniciativa tendrá carácter transitorio mientras el Ejecutivo provincial avanza en la elaboración de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo, destinado a establecer un sistema específico para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Durante el debate legislativo hubo consenso en la necesidad de aprobar la norma para evitar un vacío en la aplicación del nuevo régimen nacional, aunque también surgieron críticas por la demora de la provincia. Varios diputados señalaron que San Juan no logró sancionar dentro del plazo de 180 días el código especializado que estaba previsto para adecuar el sistema provincial.

Uno de los planteos estuvo a cargo del diputado del bloque San Juan Vuelve, Mario Herrero, quien advirtió que el apuro para legislar puede incrementar el riesgo de cometer errores. No obstante, valoró que la iniciativa tenga carácter transitorio y que haya sido elaborada teniendo en cuenta las necesidades de los organismos que deberán aplicarla.

Por su parte, la diputada del bloque PJ Fernanda Paredes realizó una autocrítica respecto de la demora provincial y sostuvo que las instituciones sanjuaninas “volvieron a fallar” al no haber podido avanzar durante esos 180 días con un Código Procesal Penal Juvenil especializado.

La legisladora consideró que la ley aprobada funcionará como un puente entre el sistema provincial actual y las nuevas disposiciones nacionales. Entre otros aspectos, incorpora herramientas propias del sistema acusatorio, como la reparación integral, la suspensión del juicio a prueba y la conciliación, dentro de un esquema provincial que todavía conserva características del sistema mixto.

Paredes insistió en que esa situación debe mantenerse durante el menor tiempo posible y reclamó que el futuro código sea discutido con todos los sectores involucrados.

Piden una discusión amplia para el código definitivo

El proyecto definitivo todavía no tiene fecha de tratamiento en la Legislatura. Según se explicó durante la sesión, el Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto que posteriormente deberá ser enviado a Diputados.

Paredes pidió que la discusión no quede limitada al ámbito legislativo y que se convoque a jueces penales de Niñez, fiscales, defensores, asesores y demás operadores judiciales que trabajan directamente con adolescentes.

“Hay que abrir el juego”, planteó la diputada, al advertir que elaborar una norma sin escuchar previamente a quienes deberán aplicarla podría generar nuevos inconvenientes.

Entre los aspectos que, según Paredes, deberán analizarse en profundidad aparece la compatibilidad del futuro código con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

La legisladora también cuestionó algunos puntos de la Ley Nacional 27.801, entre ellos la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años, y remarcó la necesidad de que el sistema juvenil mantenga diferencias claras respecto del régimen penal de adultos.

En ese sentido, sostuvo que conceptos vinculados con la peligrosidad o determinadas características personales no deberían desplazar el principio de responsabilidad por el hecho cometido.

El desafío de garantizar las medidas previstas

Otro de los ejes del debate estuvo relacionado con las medidas complementarias contempladas por la legislación nacional. Estas pueden estar vinculadas con educación, salud, capacitación, trabajo y tratamiento de consumos problemáticos.

Para Paredes, el futuro código deberá establecer claramente qué organismos serán responsables de garantizar esas prestaciones y, fundamentalmente, si la provincia cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.

La diputada también puso el foco en la estructura que deberá sostener el nuevo sistema: jueces, fiscales, defensores, asesores especializados, supervisores y recursos para los institutos donde eventualmente se cumplan determinadas medidas.

A esto sumó la necesidad de fortalecer una estructura provincial de protección integral que permita intervenir antes de que los adolescentes ingresen al sistema penal.

En ese marco, mencionó como asuntos pendientes la creación de herramientas como la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la figura del abogado del niño.

Cambios en la designación de supervisores

Uno de los puntos incorporados al régimen transitorio establece que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, o el organismo que eventualmente la reemplace, será responsable de designar a los supervisores y aplicar las medidas contempladas tanto en la normativa provincial como en la Ley 26.061.

Paredes planteó que esa atribución debería quedar claramente vinculada al carácter transitorio de la norma, para evitar confusiones con las funciones que la Ley Nacional 27.801 asigna al juez en relación con la designación del supervisor especializado.

Finalmente, la ley sancionada también contempla una herramienta para garantizar su implementación: faculta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para poner en funcionamiento el régimen.

De esta manera, San Juan cuenta ahora con un esquema transitorio para afrontar la entrada en vigencia de la nueva legislación nacional, mientras queda pendiente el debate de fondo: la sanción de un Código Procesal Penal Juvenil definitivo, con participación de todos los actores involucrados y los recursos necesarios para su aplicación.